Demanda de Interdicción


La demanda de interdicción es la acción judicial por la cual a una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma. La interdicción supone una causal de incapacidad absoluta o relativa de ejercicio.

Pueden ser objeto de Interdicción: Los que, por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos, que no pueden expresar su voluntad, de una manera indubitable, los retardados mentales, Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, Los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos.

Los adultos mayores que tienen patrimonio o empresas y ya no se encuentran en condiciones de administrarlo, los hijos de ellos pueden solicitar la administración de esos bienes, y para ello deberán iniciar judicialmente ante juez de familia el proceso de interdicción, cabe precisar que el examen médico es indispensable a fin de  demostrar el tipo de incapacidad que sufre el adulto mayor, a consecuencia de ello se nombrara un curador.

*Este trámite no es exclusivo para aplicarlo a ancianos, sino también a personas jóvenes que tengan algún vicio en extremo (alcoholismo, drogas) o alguna incapacidad física o mental a fin de que no solo administren sus bienes o sus actos sean nulos sino que puedan reclamar una pensión de alimentos.

Requisitos:

  1. Demanda firmada por el demandante y abogado, dirigida contra la persona cuya interdicción se pide y contra aquellos que teniendo derecho a solicitarlo no lo hubieran hecho (cónyuge, hijos, padres, hermanos, etc.).
  2. Copia simple del DNI del demandante.
  3. Presentar no menos de tres testigos y los documentos que acrediten los hechos que se invocan (en el caso de pródigos y los que incurren en mala gestión).
  4. En los demás casos, la certificación médica expedida por una Junta de Médicos de ESSALUD o Ministerio de Salud, sobre el estado del presunto interdicto, la que se extiende bajo juramento o promesa de veracidad, debiendo ser ratificada en la audiencia respectiva.
  5. Tasa judicial por ofrecimiento de pruebas.
  6. Cédulas de notificación.
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